Daniel Noboa

Daniel Roy-Gilchrist Noboa Azín es un empresario y político ecuatoriano que ejerce la Presidencia de la República desde el 23 de noviembre de 2023. Llegó al cargo tras ganar la elección presidencial anticipada de 2023, convocada luego de la disolución de la Asamblea Nacional, y fue reelegido en 2025 para el período constitucional 2025-2029.¹²³

Su trayectoria pública combina experiencia empresarial en el entorno del grupo familiar Noboa, un período breve como asambleísta por Santa Elena y una Presidencia marcada por violencia criminal, crisis carcelaria, racionamientos eléctricos, reformas tributarias, financiamiento multilateral y tensiones institucionales. La decisión más visible de su primer mandato fue el Decreto Ejecutivo 111, que reconoció la existencia de un conflicto armado interno y ordenó operaciones militares contra grupos identificados como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes.⁴⁵⁶

La figura de Noboa también concentra debates sobre renovación generacional, continuidad de élites económicas, militarización de la seguridad, límites del presidencialismo y equilibrio entre gestión gubernamental y campaña electoral. Sus dos victorias frente al correísmo le dieron centralidad electoral, pero el rechazo de las cuatro preguntas del referéndum y consulta popular de 2025 mostró límites a su agenda de reforma constitucional.⁷⁸

#Ficha rápida

#Biografía

Daniel Roy-Gilchrist Noboa Azín es un empresario y político ecuatoriano. En 2021 recibió la credencial de asambleísta provincial por Santa Elena con ese nombre completo.⁹ Desde el 24 de mayo de 2025 ejerce un período presidencial completo junto con María José Pinto, después de haber asumido por primera vez la Presidencia el 23 de noviembre de 2023 para completar el período interrumpido por la muerte cruzada de 2023.¹³

#Origen

Noboa nació el 30 de noviembre de 1987. Según el perfil legislativo de la Asamblea Nacional de 2022, nació en Guayaquil y residía en Santa Elena durante su período como asambleísta; según perfiles biográficos de CIDOB y EFE, nació en Miami, Florida, Estados Unidos, y en septiembre de 2023 el entonces candidato corrigió el dato público hacia Miami.⁴¹³¹⁴

#Familia

Noboa es hijo de Álvaro Noboa Pontón y Annabella Azín Arce. Álvaro Noboa es empresario y fue candidato presidencial en varias elecciones; Annabella Azín es doctora en Medicina y tuvo actividad legislativa y constituyente.⁴¹⁵ Su familia forma parte de un entorno empresarial de alta visibilidad: Álvaro Noboa consolidó un conglomerado asociado al banano y otros negocios, Luis Noboa Naranjo fue un exportador bananero influyente en el siglo XX e Isabel Noboa Pontón es empresaria vinculada al Consorcio Nobis.¹³

El apellido Noboa combina peso económico y presencia política. El grupo familiar se expandió en actividades agroexportadoras, comerciales y logísticas, mientras Álvaro Noboa sostuvo una presencia electoral reiterada en la política nacional. El perfil público de Daniel Noboa quedó asociado a la condición de heredero de una de las mayores fortunas de Ecuador y a la continuidad, por una vía propia, del proyecto presidencial que su padre no concretó.¹⁶¹⁴

Antes de llegar a Carondelet, Noboa desarrolló actividad empresarial, ejerció un mandato legislativo breve y construyó una campaña presidencial propia. Su entorno familiar explica parte de sus recursos, redes y reconocimiento público, pero su trayectoria política inmediata se estructura alrededor de su paso por la Asamblea, la elección anticipada de 2023, el gobierno de transición y la reelección de 2025.

#Perfil público

Su adultez temprana combinó empresa familiar, emprendimientos propios y formación en administración. A los 18 años fundó DNA Entertainment Group, dedicada a la organización de eventos; después ingresó a la Corporación Noboa y ocupó función vinculadas con logística, dirección naviera y dirección comercial hasta junio de 2018.⁴ También desarrolló negocios propios antes de entrar a la competencia electoral.¹³

En el plano personal, Noboa está casado con Lavinia Valbonesi y tiene tres hijos.¹⁴ Esa información forma parte de su perfil público como presidente y candidato, mientras el eje biográfico de su trayectoria pública está en su entorno familiar empresarial, su inserción legislativa y el uso político del apellido Noboa en la competencia electoral ecuatoriana.

#Formación

La formación atribuida a Daniel Noboa incluye estudios secundarios en el Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil, un grado universitario en negocios en Estados Unidos y posgrados en administración, administración pública, gobernanza y comunicación política. Terminó la secundaria en el Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil, en 2010 se graduó en administración de negocios en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York y entre 2018 y 2020 cursó maestrías en Kellogg School of Management y Harvard Kennedy School.⁴

La secuencia de posgrados incluye administración de empresas en Kellogg School of Management, administración pública en Harvard Kennedy School y gobernanza y comunicación política en George Washington University.¹⁷ En George Washington University figura como M.P.S. '22, vinculado a la Graduate School of Political Management y a estudios de comunicación política y gobernanza estratégica.¹⁸ En Harvard Kennedy School figura como MC/MPA 2020.¹⁹²⁰

En educación superior de negocios, su credencial de NYU Stern corresponde a un BBA obtenido en 2010 y su posgrado de Northwestern Kellogg a un MBA obtenido en 2019.²¹ La expresión "bachillerato en administración de negocios" usada en la ficha legislativa corresponde a formación universitaria de negocios y no al bachillerato ecuatoriano de educación media.⁴²¹

El registro ecuatoriano de títulos ha sido tratado en prensa como parte de la revisión de credenciales de candidatos. En una revisión de postulantes de 2025 basada en registros de Senescyt, Noboa apareció entre los candidatos con estudios de administración pública registrados. La consulta estatal de títulos reúne información del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior para verificar reconocimiento y validez de títulos en Ecuador.²²²³

#Empresa

#Grupo familiar

La trayectoria privada de Daniel Noboa se desarrolló dentro de un entorno empresarial de alta visibilidad pública. Es hijo de Álvaro Noboa Pontón, empresario asociado al conglomerado Noboa y a la marca bananera Bonita, y de Annabella Azín. Antes de llegar a la Asamblea Nacional como legislador por Santa Elena y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, fue presentado institucionalmente como empresario.⁴

El grupo familiar tiene una estructura vinculada al comercio exterior y a la agroexportación. Su descripción corporativa lo ubica como un conglomerado con más de 65 años de actividad y enumera empresas o marcas en banano, fertilizantes e insumos agrícolas, plásticos, empaques de cartón, transporte de carga pesada, servicios logísticos de comercio exterior y exportación de banano bajo la marca Bonita.²⁴ Ese entorno corresponde a los sectores en los que Noboa acumuló experiencia privada.

#Cargos

Noboa fundó a los 18 años DNA Entertainment Group, empresa dedicada a la organización de eventos, y un año después comenzó como cadete en la Corporación Noboa.⁴ Posteriormente llegó a ser director naviero y, entre diciembre de 2010 y agosto de 2015, ocupó la dirección de logística, etapa en la que se atribuye a su gestión una transición del transporte de productos perecederos hacia contenedores refrigerados. Luego pasó a la dirección comercial hasta junio de 2018, con supervisión de estrategia global de ventas para productos alimenticios y control empresarial.⁴

Esos cargos muestran tres campos principales de actividad: entretenimiento y organización de eventos en su empresa propia; logística, transporte marítimo y comercio exterior dentro de la Corporación Noboa; y comercialización internacional de productos alimenticios. Su perfil empresarial también aparece vinculado a DNA Entertainment Group, empresas inmobiliarias y logísticas, y a la Corporación Noboa, donde habría llegado a ser el director naviero más joven de la compañía.⁴

#Sectores

El componente más relevante para su perfil público no fue solo la existencia de una empresa propia, sino su paso por una cadena corporativa asociada a exportación. Su experiencia se vinculó con operaciones de logística, venta internacional y transporte de perecibles, actividades centrales para un grupo bananero y agroexportador. Las actividades corporativas del entorno Noboa incluyen protección de cultivos, fertilizantes, empaques, transporte, servicios logísticos de comercio exterior y exportación de banano.²⁴

Esa herencia empresarial también fue parte de la forma en que observadores internacionales explicaron su entrada a la política. En 2023, el entorno Noboa abarcaba compañías ligadas a banano, bienes raíces, transporte marítimo, automotriz y agricultura bajo control de Álvaro Noboa; en ese mismo contexto, Daniel Noboa aparecía como fundador de DNA Entertainment Group y exdirector comercial de la Corporación Noboa, con responsabilidad sobre logística marítima entre 2010 y 2018.²⁵

#Cuestionamientos

Los cuestionamientos patrimoniales documentados se concentran en sociedades registradas fuera de Ecuador y en su posible relación con la normativa ecuatoriana sobre paraísos fiscales. La Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017, publicada en el Registro Oficial el 8 de septiembre de 2017, estableció la prohibición de tener bienes o capitales en territorios considerados paraísos fiscales para desempeñar una dignidad de elección popular o ser servidor público.²⁶ Esa prohibición también figura en la síntesis institucional asociada a la llamada Ley del Pacto Ético.²⁷

En octubre de 2023, reportajes basados en Pandora Papers vincularon a Noboa y a uno de sus hermanos con Lanfranco Holdings S.A., sociedad registrada en Panamá.²⁵²⁸ Un perfil de riesgo corporativo añadió que no se abrió una investigación electoral contra Noboa antes de la segunda vuelta de 2023.²⁵

En 2025, una investigación periodística en español identificó a Noboa y a su hermano John, con base en documentos de Pandora Papers y registros societarios ecuatorianos, como socios-propietarios de Lanfranco Holdings S.A.; el reportaje añadió que Lanfranco tenía el 51% de las acciones de Noboa Trading Co. y relaciónó esa exportadora con investigaciones o incautaciones de contenedores contaminados con cocaína con destino a Europa.²⁸ En la misma materia, Noboa respondió en el debate presidencial de marzo de 2025 que no era dueño de Noboa Trading, que miembros de su familia sí estaban en la empresa y que la compañía había cooperado en cada caso; registros judiciales citados por Plan V mostraban procesos e incautaciones relacionados con contenedores, con varios involucrados sobreseídos o no acusados por Fiscalía.²⁹

En conjunto, los cuestionamientos públicos se refieren a una presunta relación beneficiaria con Lanfranco Holdings, a la participación de esa sociedad en Noboa Trading y a investigaciones sobre cargamentos asociados a esa exportadora. Los registros patrimoniales, los reportajes investigativos y los procesos sobre cargamentos específicos describen niveles distintos de vinculación societaria, respuesta pública y hecho procesal.

Otro debate patrimonial y ambiental apareció en 2024 alrededor del proyecto inmobiliario ECHO, impulsado por Vinazin S.A. en la comuna de Olón, provincia de Santa Elena. Primicias registró que Lavinia Valbonesi figuraba como principal accionista de la empresa, que el proyecto comprendía once lotes en un área de 6.352 metros cuadrados y que dirigentes comunales y la Fundación La Iguana cuestionaron permisos ambientales otorgados en diciembre de 2023 para intervenir un estero considerado área protegida desde 2001; la Asamblea pidió comparecencias y Fiscalía abrió una investigación previa. Noboa respondió que aceptaba investigaciones y enmarcó el caso como parte de ataques políticos previos a la campaña de 2025.³⁰

#Asamblea

Daniel Noboa llegó a su primer cargo de elección popular en las elecciones legislativas de 2021. El 21 de abril de 2021 recibió la credencial de asambleísta electo por Santa Elena, como uno de los tres legisladores principales de la provincia, para el período 2021-2025.⁹ Ese mandato terminó antes de lo previsto por la disolución de la Asamblea Nacional en mayo de 2023.⁹⁵

En la Asamblea, Noboa integró y presidió la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. El Pleno conformó las comisiones permanentes el 20 de mayo de 2021 y lo incorporó a esa mesa; durante el período legislativo ocupó su presidencia.³¹⁴³² El cargo le dio una visibilidad institucional mayor que la de un legislador provincial ordinario, porque la comisión tramitaba proyectos económicos, productivos, tributarios, empresariales y de innovación en una Asamblea fragmentada.

La agenda inicial de la comisión fue amplia. En su segunda sesión, el 26 de mayo de 2021, la mesa revisó 46 proyectos pendientes relacionados con turismo, empresas públicas, desarrollo artesanal, defensa del consumidor, emprendimiento e innovación, reactivación económica, electromovilidad, energía eléctrica, desarrollo sostenible, aviación civil y telecomunicaciones.³² La comisión también trató asuntos tributarios de corto plazo: el 2 de junio de 2021 aprobó una resolución para exhortar al Ejecutivo a eliminar el cobro del 2% a microempresarios, después de escuchar a la directora del Servicio de Rentas Internas.³³

La producción de la mesa se concentró en normas de orientación económica y productiva. En 2022, su trabajo incluyó doce proyectos vinculados con nuevos mercados, innovación tecnológica, inclusión de sectores productivos y población vulnerable. Entre los proyectos destacados estuvieron la Ley para Impulsar la Economía Violeta, la Ley Fintech, reformas para economía popular y solidaria, artesanos, pequeños productores y microempresas, la Ley de Pagos en Plazos Justos y reformas a la Ley de Compañías.³⁴ En noviembre de 2022, el Pleno aprobó por unanimidad la Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta, con Noboa como presidente de la comisión y ponente del informe; el Registro Oficial la publicó el 20 de enero de 2023.³⁵³⁶

La comisión también intervino en proyectos urgentes y de modernización regulatoria. En marzo de 2022 inició el debate del proyecto de Ley para Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital, calificado como urgente en materia económica; la discusión incluyó asociaciones público-privadas, zonas francas, mercado de valores y transformación digital.³⁷ En julio de 2022 recibió observaciones sobre la Ley Fintech y la Ley de Economía Violeta, con comparecencias de autoridades, academia y representantes del sector financiero.³⁸ En enero de 2023, el Pleno se allanó a la objeción parcial del Ejecutivo a la Ley para la Transformación Digital y Audiovisual, que fue enviada al Registro Oficial y reguló materias como firma electrónica, educación virtual, servicios digitales y estímulos al sector audiovisual.³⁹

Al cierre del ciclo legislativo 2021-2023, la Comisión de Desarrollo Económico dejó once proyectos de ley aportados al trabajo legislativo del Pleno, 92 proyectos ingresados a trámite y 82 proyectos pendientes. Como presidente de la mesa, Noboa encabezaba un trabajo institucional de comisión: esa producción representó el 21,5% de las leyes aprobadas por la Asamblea en ese período e incluyó varias normas aprobadas con apoyos superiores a seis votos dentro de la comisión o por unanimidad en el Pleno.⁴⁰

La muerte cruzada fue decisiva para el cambio de escala de su carrera política. La disolución de la Asamblea terminó su período como legislador provincial y abrió una elección presidencial y legislativa anticipada para completar los períodos respectivos.⁵ En ese sentido, su paso por la Asamblea funciónó como una etapa de visibilidad política: le dio cargo público, exposición en una comisión económica y experiencia parlamentaria inmediatamente antes de la candidatura presidencial de 2023, pero no equivalió a una carrera legislativa prolongada.

#Elecciones

La carrera presidencial de Daniel Noboa quedó marcada por dos elecciones nacionales consecutivas y por dos consultas populares convocadas desde el Ejecutivo. En 2023 llegó a la segunda vuelta de una elección anticipada abierta por la disolución de la Asamblea Nacional decretada por Guillermo Lasso; en 2025 compitió como presidente candidato para un período ordinario de cuatro años. Entre ambos procesos, Acción Democrática Nacional pasó de funcionar como alianza electoral ADN, con las listas 4-35 de PID y MOVER en 2023, a presentarse en 2025 como Movimiento Acción Democrática Nacional, lista 7.⁴¹⁴²²

El plan de trabajo registrado para 2023 presentó la candidatura Noboa-Abad como una propuesta de transición centrada en cuatro ejes: social, económico, institucional, y productivo y medioambiental. El documento colocó la inseguridad, el empleo, la dolarización, la inversión, la corrupción fiscal, los sectores estratégicos y la reconstrucción de confianza institucional entre sus materias principales.⁴³ Para 2025, el CNE registró el plan de trabajo ADN como documento de campaña de Noboa y María José Pinto, ya con ADN identificado como organización política propia.⁴⁴ Esa continuidad permitió que la segunda campaña se leyera menos como una irrupción electoral y más como una evaluación sobre el primer tramo de gobierno.

Después de la reelección, ADN también se consolidó como estructura partidaria ordinaria. El 19 de agosto de 2025, el CNE registró la Directiva Nacional del Movimiento Acción Democrática Nacional, lista 7, presidida por Daniel Roy-Gilchrist Noboa Azín para el período 2025-2029, con Mishel Mancheno como secretaria nacional y Michele Sensi-Contugi como vicepresidente nacional.⁴⁵

#Campañas

En la primera vuelta de 2023, Noboa obtuvo 2.315.296 votos, el 23,47% de los votos válidos, y quedó segundo detrás de Luisa González, que alcanzó 33,61%. El resultado lo ubicó en el balotaje del 15 de octubre de 2023, en el que el binomio Noboa-Verónica Abad ganó con 5.251.695 votos, equivalentes al 51,83% de los votos válidos.⁴¹⁴² La OEA describió esa segunda vuelta como una jornada de participación masiva y pacífica, aunque enmarcada por violencia política, problemas previos del voto telemático en el exterior y narrativas de fraude sin fundamento; también señaló que las propuestas programáticas no fueron el centro del intercambio entre las fuerzas políticas.⁴⁶

En 2025, Noboa llegó a la elección como presidente en función y candidato a la reelección. La primera vuelta del 9 de febrero dejó una competencia casi empatada: Daniel Noboa y María José Pinto obtuvieron 4.527.606 votos, el 44,17%, frente a 4.510.860 votos, el 44,00%, de Luisa González y Diego Borja.¹⁰ La segunda vuelta del 13 de abril amplió la diferencia: el CNE proclamó ganador al binomio Noboa-Pinto con 5.870.618 votos, equivalentes al 55,63%, y adjudicó la Presidencia y Vicepresidencia para el período 2025-2029.³

#Observación

Las misiones de observación delimitaron qué aspectos del proceso quedaron probados y cuáles fueron denuncias políticas. En la primera vuelta de 2025, la jornada, el escrutinio y la divulgación de resultados se realizaron de manera transparente y sin irregularidades generalizadas que pusieran en duda los resultados publicados por el CNE, según la OEA. La misión también registró fallas o tensiones puntuales: restricciones iniciales a delegados, problemas temporales del servicio de consulta de lugar de votación, casos en que no se aseguró completamente el secreto del voto, procedimientos de escrutinio no seguidos en una parte de las mesas observadas y denuncias de organizaciones políticas que debían tramitarse por las vías competentes.⁴⁷

En la segunda vuelta de 2025, la OEA expresó confianza en los resultados oficiales, indicó que los datos del sistema del CNE coincidían con la información recabada por sus observadores y señaló que RC-RETO no había presentado ante la misión documentación que demostrara irregularidades generalizadas capaces de poner en duda los resultados. Al mismo tiempo, criticó la falta de una definición clara sobre la licencia del presidente candidato: sostuvo que la no solicitud de licencia impactó en la equidad de la campaña, debilitó la institucionalidad estatal y fue incompatible con los principios de certeza y seguridad jurídica.⁴⁸

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea llegó a una conclusión similar sobre el resultado, pero subrayó desequilibrios de campaña. Su informe final indicó que, pese a ciertos desbalances, las elecciones fueron transparentes y bien organizadas, sin elementos objetivos que sustentaran acusaciones de fraude. Entre sus recomendaciones prioritarias incluyó limitar durante la campaña las actividades de la Presidencia y del gobierno a la gestión ordinaria o emergencias, y mejorar la supervisión de la publicidad gubernamental para evitar el uso electoral de comunicación institucional.⁷

#Consultas

Las consultas de 2024 y 2025 funcionaron como medición electorales de la agenda presidencial, aunque no equivalen a una elección de gobierno. En abril de 2024, el paquete de once preguntas produjo una mayoría por el Sí en nueve casilleros, sobre todo en materias de seguridad, Fuerzas Armadas, extradición, penas, armas y extinción de dominio. Las dos derrotas del Ejecutivo estuvieron en materias económicas e institucionales: arbitraje internacional y contrato de trabajo a plazo fijo y por horas.⁴⁹⁵⁰

El No de 2025 tuvo un significado distinto al de las dos preguntas rechazadas en 2024. En 2024, el voto aceptó el núcleo de seguridad de la agenda y rechazó reformas económicas o de arbitraje; en 2025, las cuatro preguntas fueron derrotadas. El resultado no revocó la reelección de Noboa ni anuló su mandato presidencial, pero sí fijó un límite electoral a una agenda de reforma constitucional e institucional que incluía bases militares extranjeras, financiamiento partidario, tamaño de la Asamblea y convocatoria constituyente. La mayor diferencia negativa apareció en la pregunta sobre la Asamblea Constituyente, donde el No alcanzó 61,80%, seguida por bases militares extranjeras con 60,82%.⁸⁵¹

#Presidencia

Daniel Noboa asumió la Presidencia el 23 de noviembre de 2023 en una ceremonia ante la Asamblea Nacional, junto con la vicepresidenta Verónica Abad, para completar el período 2023-2025 abierto por la elección anticipada. El inicio del mandato se presentó con tres énfasis declarados: reducción de la violencia, empleo y reformas urgentes remitidas al Legislativo. En su discurso de posesión, Noboa planteó una conducción orientada a acción rápida, planificación, metas medibles, juventud y diversidad del gabinete, rasgos que luego se tradujeron en un uso intensivo de proyectos económicos urgentes y en una agenda de seguridad como eje ordenador del Ejecutivo.¹⁵²

El primer período fue, por diseño constitucional, un gobierno de transición: debía completar el mandato interrumpido de Guillermo Lasso y, al mismo tiempo, preparar una nueva elección presidencial regular en 2025. Esa brevedad condiciónó la Presidencia: el Ejecutivo buscó producir normas de efecto inmediato, reconstruir la planificación nacional para 2024-2025 y sostener una narrativa de gobierno de emergencia frente a violencia, crisis fiscal, apagones y desaceleración económica. La Secretaría Nacional de Planificación informó que en febrero de 2024 el Consejo Nacional de Planificación aprobó el Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024-2025, con cuatro ejes, nueve objetivos, setenta políticas y ciento cinco metas.⁵³

#Gabinete

En su discurso de posesión, Noboa presentó la juventud y la diversidad de su equipo como parte de su estilo de gobierno; en la planificación de 2024-2025, la Secretaría Nacional de Planificación registró a Sariha Moya como autoridad responsable del instrumento que debía orientar políticas, programas, presupuesto e inversión pública durante el tramo de transición.⁵²⁵³

La composición del equipo no permaneció estática. La Presidencia tuvo cambios sucesivos en áreas sensibles como energía, interior, planificación, comunicación y finanzas, en parte por crisis sectoriales y en parte por la transición hacia el período 2025-2029. En el nuevo período, María José Pinto asumió la Vicepresidencia como parte del binomio electo en 2025, y Diana Ramírez fue designada secretaria nacional de Planificación mediante Decreto Ejecutivo No. 14, el 28 de mayo de 2025. Ese segundo equipo quedó asociado a la preparación del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029 y a una agenda menos transitoria, aunque todavía dominada por seguridad, finanzas públicas, inversión, energía, conectividad y reforma estatal.³⁵⁴

#Leyes urgentes

El instrumento legislativo más usado por la Presidencia fue el proyecto económico urgente, previsto en el artículo 140 de la Constitución. Durante el primer período, Noboa lo utilizó para medidas tributarias, empleo, inversión, energía, turismo y alivio financiero; después de 2025, volvió a emplearlo para seguridad, integridad pública, gasto local y vivienda. La siguiente tabla resume los proyectos más relevantes para el marco general de la Presidencia; las secciones de economía, energía, seguridad e instituciones pueden desarrollar sus efectos específicos.

El patrón muestra una Presidencia que buscó acelerar decisiones mediante plazos legislativos cortos. Ese método produjo aprobación tempranas, pero también límites institucionales: en 2025 la Corte Constitucional declaró inconstitucionales por la forma la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Integridad Pública, al considerar que se habían mezclado materias o debilitado condiciones de deliberación democrática. En términos de estilo de gobierno, la urgencia económica funciónó como herramienta de gestión y como punto de fricción con el control constitucional.^{55565758596061}

#Seguridad

La seguridad pasó de promesa inaugural a marco central del gobierno en enero de 2024. El Decreto Ejecutivo No. 111 reconoció la existencia de un conflicto armado interno, identificó a varias organizaciones como terroristas y actores no estatales beligerantes, y dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dentro del territorio nacional. Esta decisión no agota la política de seguridad, pero sí fijó el lenguaje y la arquitectura inicial de la respuesta presidencial: estados de excepción, despliegue militar, reformas penales y búsqueda de financiamiento específico para fuerzas del orden.⁶

El énfasis securitario también reorganizó otras áreas. La política económica incorporó el financiamiento del conflicto armado interno; la política social fue presentada como prevención de violencia y recuperación del tejido social; y la relación con la Asamblea se articuló alrededor de proyectos urgentes vinculados a seguridad, energía y reactivación. Esa concentración de agenda explica por qué el primer período no puede leerse como una administración ordinaria, sino como un gobierno de transición que intentó convertir una crisis de seguridad en eje de legitimación, presupuesto y legislación.⁵⁷⁶

#Planificación

El primer plan del gobierno de Noboa, aprobado en febrero de 2024, tuvo alcance corto y se orientó al período 2024-2025. Su estructura agrupó prioridades sociales, económicas, de infraestructura-energía-ambiente e institucionales. El propio portal de Planificación lo presentó como el instrumento al que debían sujetarse políticas, programas, presupuesto, inversión y asignación de recursos públicos durante el tramo de transición.⁵³

La reelección cambió la escala de la planificación. El 22 de abril de 2025, antes de la posesión del nuevo período, la Secretaría Nacional de Planificación anunció el inicio de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029, con diagnósticos sectoriales, visión de largo plazo, políticas, estrategias, metas, indicadores y Estrategia Territorial Nacional. Luego, el Consejo Nacional de Planificación aprobó el Plan Nacional de Desarrollo “Ecuador No Se Detiene” 2025-2029 como hoja de ruta estratégica del Estado. El documento organiza la agenda en cinco ejes: Social; Económico, productivo y empleo; Ambiente, agua, energía y conectividad; Institucional; y Riesgos. Sus objetivos nacionales incluyen bienestar social, educación y cultura, Estado seguro y justo, empleo y finanzas públicas sostenibles, producción e inversión, sostenibilidad ambiental y energética, infraestructura y conectividad, institucionalidad eficiente y resiliencia ante riesgos.⁵⁴

#Segundo período

El segundo período comenzó el 24 de mayo de 2025, cuando la Asamblea Nacional posesionó a Daniel Noboa como presidente y a María José Pinto como vicepresidenta para 2025-2029. El CNE había proclamado el 10 de mayo de 2025 los resultados definitivos de la segunda vuelta: el binomio de Acción Democrática Nacional alcanzó 5.870.618 votos, equivalentes al 55,63%. La diferencia principal frente al primer tramo fue temporal e institucional: Noboa dejó de administrar un mandato incompleto de dieciocho meses y pasó a gobernar con un horizonte formal de cuatro años.³

Ese cambio no eliminó la lógica de urgencia. El segundo período conservó como prioridades la seguridad interna, la sostenibilidad fiscal, la inversión privada, la reforma del Estado, la energía y la conectividad. La diferencia fue que esas prioridades quedaron reordenadas por el PND 2025-2029 y por una nueva relación con la Asamblea instalada en mayo de 2025, en la que Niels Olsen, de ADN, fue elegido presidente para el período 2025-2027 con 80 votos afirmativos.⁶² Al mismo tiempo, los fallos constitucionales sobre leyes y decretos presidenciales, junto con los resultados negativos del referéndum y consulta popular de 2025, mostraron que la reelección no equivalía a control pleno del sistema institucional.^35460863

El Informe a la Nación del 24 de mayo de 2026 funciónó como primer balance ordinario del segundo período. Ante la Asamblea, Noboa presentó la gestión como recuperación del país y combate a estructuras criminales; la reseña legislativa registró anuncios sobre el Quinto Puente de Guayaquil, ampliaciones del Metro de Quito, obras viales, recuperación de capacidad termoeléctrica, generación eléctrica, equipamiento médico, vacunación, educación y apoyo a jóvenes. Entre las cifras expuestas estuvieron una pobreza de 21,4%, una disminución de homicidios de 13%, aumento de inversión extranjera, más de 430.000 contratos para jóvenes e inversiones superiores a USD 300 millones en infraestructura vial.⁶⁴

#Cronología

#Seguridad

La seguridad fue el eje más visible del gobierno de Daniel Noboa desde enero de 2024. La respuesta presidencial combinó estado de excepción, reconocimiento de conflicto armado interno, movilización de Policía y Fuerzas Armadas, control militar de cárceles, reformas penales y tributarias, y una narrativa de confrontación directa contra organizaciones criminales. Esa arquitectura se asentó en un diagnóstico real de violencia letal alta, pero quedó limitada por tres planos: la evolución irregular de los homicidios, el aumento o persistencia de delitos como extorsión y secuestro, y el control constitucional sobre el uso de causales excepcionales.¹¹⁶⁶⁶

#Decreto 111

El punto de quiebre fue el 9 de enero de 2024. Un día antes, el Decreto Ejecutivo No. 110 había declarado estado de excepción por grave conmoción interna en todo el territorio nacional y en todos los centros de privación de libertad del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. El Decreto Ejecutivo No. 111 agregó una causal distinta: reconoció la existencia de un conflicto armado interno, identificó a grupos de delincuencia organizada como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares, bajo derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos, para neutralizarlos.¹¹⁶

Ese cambio no fue solo retórico. Desplazó parte de la respuesta desde el lenguaje ordinario de seguridad ciudadana hacia un marco de operaciones militares y de excepcionalidad constitucional. En la práctica, habilitó una mayor presencia militar en calles y cárceles, reforzó el vínculo entre seguridad y soberanía territorial, y convirtió el financiamiento de la fuerza pública en argumento para reformas tributarias posteriores. La ley publicada en marzo de 2024 para enfrentar el conflicto armado interno elevó la tarifa general del IVA y creó contribuciones temporales orientadas a financiar equipamiento, movilidad, inteligencia, infraestructura y coordinación institucional vinculadas a seguridad.⁶⁶

El Decreto 111 también cambió la forma de clasificar a los adversarios estatales. Al nombrar organizaciones como terroristas y actores no estatales beligerantes, el Ejecutivo trató a bandas criminales como objetivos de operaciones militares. Esa fórmula fue respaldada inicialmente por sectores políticos y por parte de la opinión pública en un contexto de ataques coordinados, fugas carcelarias y toma armada de un canal de televisión, pero abrió una discusión jurídica sobre si los grupos mencionados cumplían los umbrales de organización e intensidad exigidos por el derecho internacional para hablar de conflicto armado no internacional.⁶⁶⁷

#Estados de excepción

La política de seguridad de Noboa recurrió de forma repetida a estados de excepción. El primer ciclo de enero de 2024 se justificó por grave conmoción interna y por conflicto armado interno; después vinieron renovaciones y decretos territoriales para provincias o cantones con alta violencia. En ciertos casos, el control constitucional admitió medidas extraordinarias como movilización de Policía y Fuerzas Armadas, requisiciones, suspensión de inviolabilidad de domicilio y correspondencia, y restricciones de reunión o tránsito; en dictámenes posteriores, fijó límites sobre temporalidad, territorio, motivación y derechos no suspendibles.⁶⁷⁶⁸

El control constitucional produjo una distinción central. En el Dictamen 1-24-EE/24, el estado de excepción de enero de 2024, incluidos los decretos 110, 111 y 135, fue declarado constitucional, pero la Corte aclaró que la existencia de un conflicto armado interno es una cuestión fáctica compleja que no depende por sí sola de declaración políticas ni del control constitucional. La Corte señaló que no le correspondía determinar exhaustivamente la existencia o inexistencia del conflicto, sino controlar si el Presidente justificó la causal y si las medidas excepcionales se ajustaban a la Constitución.⁶⁷

En dictámenes posteriores, la Corte redujo el margen del Ejecutivo. En agosto de 2024, al revisar el Decreto Ejecutivo 318, sostuvo que la Presidencia no había justificado la configuración de la causal de conflicto armado interno y declaró constitucional el estado de excepción solo por grave conmoción interna. En ese mismo boletín, la Corte indicó que esa línea seguía lo decidido respecto de los decretos 110, 111 y 193, llamó la atención al Presidente por invocar por quinta ocasión la causal de conflicto armado interno sin acreditarla adecuadamente, y le recordó el deber de justificar con datos suficientes la necesidad de cada estado de excepción.⁶⁸

#Fuerza pública

La movilización de las Fuerzas Armadas fue el componente operativo más distintivo. El Decreto 111 ordenó operaciones militares contra los grupos identificados y el Decreto 110 ya había dispuesto la intervención conjunta de Policía y Fuerzas Armadas en territorio nacional y en los centros de privación de libertad. La Corte, al revisar esas medidas, sostuvo que su control no equivalía a emitir órdenes policiales o militares, ni a planificar la operación de las instituciones de seguridad, pero sí exigió que el uso de atribuciones excepcionales respetara proporcionalidad, temporalidad, motivación, derechos humanos y control posterior.⁶⁷

La presencia militar en cárceles y calles dio al gobierno una imagen de respuesta inmediata. También trasladó a soldados tareas para las que tradicionalmente el Estado usa policía, fiscalía, inteligencia civil, investigación criminal, jueces y administración penitenciaria. Human Rights Watch sostuvo en mayo de 2024 que las Fuerzas Armadas no están entrenadas para vigilancia e investigación ordinaria y que su despliegue aumentaba el riesgo de abusos. El riesgo institucional documentado por esa organización se concentró en la dependencia de ocupación territorial prolongada frente a investigación penal, reforma policial, control penitenciario civil y reducción de impunidad.⁶⁹

#Homicidios

La serie de homicidios muestra un balance inestable. Ecuador llegó a 2023 con el mayor nivel de violencia letal de su historia reciente; en 2024 hubo una reducción frente a ese pico, pero no un retorno a niveles previos a la crisis. La línea base del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029 fue una tasa de 39,16 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes para 2024, con meta de reducción a 32,06 al 2029.⁵⁴

En 2025 la mejora de 2024 se revirtió. El recurso histórico de Datos Abiertos del Ministerio del Interior, actualizado el 18 de mayo de 2026, contiene 9.281 registros de homicidios intencionales con fecha_infraccion en 2025, frente a 8.248 en 2023 y 7.063 en 2024 bajo el mismo conteo administrativo.⁷⁰ El repunte mantuvo abierto el debate sobre la eficacia sostenida de la militarización y los estados de excepción, en un contexto de disputas entre bandas, operativos, cambios de registro, desplazamiento territorial, fragmentación criminal, capacidades estatales y otros factores.

Los primeros datos de 2026 seguían siendo parciales al 18 de mayo de 2026. El recurso oficial enero-abril de 2026, actualizado en esa fecha, contenía 2.778 registros de homicidios intencionales: 759 en enero, 682 en febrero, 664 en marzo y 673 en abril.⁷⁰ El corte de cuatro meses presenta registros absolutos de homicidios intencionales por mes.

#Extorsión

La extorsión muestra otro límite de la política de seguridad. Entre enero y julio de 2025, la Fiscalía General del Estado recibió 9.522 denuncias por extorsión, una reducción frente a 2024 con niveles todavía altos según Human Rights Watch. Los secuestros bajaron ligeramente respecto de 2024, aunque siguieron elevados en la misma evaluación. La agenda de Noboa no puede medirse solo por homicidios: la presión criminal sobre comercios, transporte, escuelas, barrios y economías locales opera también por amenazas, secuestro extorsivo y cobros ilegales.⁷¹

La información administrativa sobre extorsión puede provenir de denuncias en Fiscalía, atenciones policiales, alertas del ECU 911 u operativos de unidades especializadas, y cada fuente mide un momento distinto del fenómeno. Para 2025 circularon cifras oficiales sobre miles de atenciones policiales, alertas de emergencia y detenidos por extorsión. La extorsión muestra presión criminal persistente en series administrativas de alcance distinto a la serie histórica nacional de homicidios.⁷¹⁷²

#Cárceles

Las cárceles fueron simultáneamente origen, escenario y prueba de la política de seguridad. La fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y los motines de enero de 2024 precedieron la declaratoria de excepción. Desde entonces, el control de varios centros pasó a manos de Fuerzas Armadas o se ejecutó con despliegue militar. La Corte Constitucional trató los centros de privación de libertad como parte del ámbito del estado de excepción de enero, pero sometió la intervención a los mismos límites de motivación, proporcionalidad y respeto de derechos.⁶⁷⁶⁹

La dimensión penitenciaria siguió siendo crítica. Entre el 1 de enero de 2020 y el 4 de diciembre de 2024, la CIDH había registrado al menos 591 muertes de personas privadas de libertad por violencia intracarcelaria, 37 de ellas en 2024. Hasta el 9 de noviembre de 2025, la Comisión había registrado al menos 72 personas detenidas fallecidas por violencia intracarcelaria durante ese año. Desde enero de 2024, según HRW, organizaciones de sociedad civil y periodistas denunciaron incomunicación, abusos físicos, obstáculos a atención médica y casos asociados a tuberculosis en centros penitenciarios.⁷³⁷⁴⁷¹

El control militar penitenciario pudo haber reducido o desplazado ciertas formas de motín, pero no resolvió por sí mismo hacinamiento, salud, corrupción, alimentación, rehabilitación, inteligencia penitenciaria ni control civil de la fuerza. El PND 2025-2029 reconoció esa dimensión al incluir como meta incrementar el porcentaje de personas privadas de libertad participantes en al menos un eje de tratamiento o actividad ocupacional de 17,83% en 2024 a 32,83% en 2029.⁵⁴

#Derechos

Los informes de derechos humanos ubican el problema en la forma de aplicación de la política, no en la negación de la violencia criminal. HRW señaló en mayo de 2024 que el anuncio de conflicto armado interno había contribuido a violaciones graves, incluidas una aparente ejecución extrajudicial, detenciones arbitrarias, malos tratos y posibles casos de tortura o incomunicación en cárceles. La organización precisó que entrevistó víctimas y abogados, revisó expedientes judiciales y contrastó fotografías y videos.⁶⁹

En su capítulo sobre eventos de 2025, HRW sostuvo que la invocación repetida del conflicto armado interno fue usada para justificar el debilitamiento de garantías, y mencionó ejecución extrajudiciales, desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios y malos tratos como denuncias atribuidas a fuerzas de seguridad. También atribuyó a las autoridades restricciones a la libertad de reunión durante protestas, congelamiento de cuentas de organizaciones y suspensión de medios comunitarios, al mismo tiempo que reconoció incidentes violentos protagonizados por manifestantes. La obligación estatal de responder a grupos criminales coexistió con la prohibición de usar la excepción para relajar controles sobre detención, protesta, debido proceso o uso de la fuerza.⁷¹

#Indicadores

#Datos

El conjunto de Datos Abiertos Ecuador sobre homicidios intencionales permite reconstruir series nacionales y territoriales. El recurso histórico 2014-2025 y el recurso enero-abril de 2026 fueron publicados como archivos XLSX por el Ministerio del Interior, con actualización al 18 de mayo de 2026 y metadatos de la Subsecretaría de Estudios y Estadística de la Seguridad. Los archivos contienen variables administrativas de año, mes, provincia, cantón y otras categorías.⁷⁰

La tabla combina registros administrativos de homicidio, tasas con población de referencia, datos penitenciarios de la CIDH sobre violencia intracarcelaria y denuncias de Fiscalía citadas por HRW sobre extorsión.

#Economía

La política económica de Daniel Noboa quedó marcada por la combinación de crisis fiscal, violencia criminal, racionamientos eléctricos y búsqueda de financiamiento externo. En el primer tramo de gobierno, el Ejecutivo usó proyectos económicos urgentes para obtener liquidez, financiar seguridad y ofrecer incentivos a inversión y empleo; en el segundo, la agenda se vinculó al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al retorno a mercados de capitales, a la reducción de subsidios y al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029, que ubicó el eje económico en empleo, producción, inversión y finanzas públicas sostenibles.⁷⁵⁷⁶⁵⁴

#Financiamiento

El financiamiento de la política de seguridad empezó con la reasignación presupuestaria autorizada durante el estado de excepción. El Decreto Ejecutivo No. 110 dispuso que el Ministerio de Economía y Finanzas asignara recursos suficientes para atender la emergencia, con posibilidad de disponer fondos públicos excepto los correspondientes a salud y educación. Después, la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica creó ingresos tributarios específicos y los vinculó a equipamiento, movilidad, inteligencia, coordinación judicial, infraestructura y otros gastos conexos de Policía, Fuerzas Armadas y lucha contra la delincuencia.¹¹⁶⁶

La medida de mayor alcance para los hogares fue el cambio del IVA. La ley fijó la tarifa general en 13% y autorizó al Presidente a moverla entre 13% y 15%, previo dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas. Mediante Decreto Ejecutivo No. 198, Noboa modificó la tarifa al 15% desde el 1 de abril de 2024. La misma ley elevó el Impuesto a la Salida de Divisas al 5%, creó una Contribución Temporal de Seguridad de 3,25% sobre utilidades gravadas de sociedades para 2024 y 2025, y estableció una contribución temporal sobre utilidades de bancos y cooperativas, con tarifas progresivas entre 5% y 25% para el ejercicio fiscal 2024.⁶⁶⁷⁷

El paquete elevó la recaudación. En 2024, la recaudación bruta llegó a USD 20.131 millones, 15,6% más que en 2023, con ingresos adicionales por remisión, contribuciones temporales y el cambio de tarifa del IVA y del ISD. En 2025, la recaudación bruta subió a USD 21.501 millones, 6,8% más que en 2024; el IVA aportó USD 11.078 millones, frente a USD 10.045 millones en 2024, y la Contribución Temporal de Seguridad recaudó USD 331 millones, casi igual que los USD 333 millones de 2024.⁷⁸⁷⁹

#Leyes

La primera ley económica del gobierno, la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, fue publicada el 20 de diciembre de 2023. La norma combinó condonación de intereses, multas y recargos para deudas tributarias pagadas, incentivos de contratación, estímulos para turismo y construcción, zonas francas, alianzas público-privadas y reglas para pronósticos deportivos. En la práctica, funciónó como el punto de partida de una agenda que combinó recaudación inmediata por remisión con incentivos tributarios y de inversión.⁸⁰

El segundo paquete central fue la ley para enfrentar el conflicto armado interno, aprobada y publicada en marzo de 2024. A diferencia de la primera norma, esta sí modificó impuestos generales y creó contribuciones especiales. Su objeto explícito fue enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica y la situación fiscal. La norma conectó financiamiento de seguridad, IVA, ISD y contribuciones temporales, por lo que transformó la política tributaria en parte de la estrategia gubernamental de seguridad.⁶⁶

Después de los apagones, el Ejecutivo impulsó la Ley Orgánica para el Alivio Financiero y el Fortalecimiento Económico de las Generaciones en el Ecuador. La norma incluyó medidas para deudores del BIESS, instituciones financieras, gobiernos autónomos descentralizados y contribuyentes; durante la crisis energética, el SRI amplió plazos para declaración de IVA de octubre y noviembre de 2024 y registró beneficiarios de remisiones y alivios. Esta ley no corrigió la causa eléctrica, pero buscó reducir efectos financieros de corto plazo sobre hogares, negocios populares, sectores productivos y administración públicas.⁸¹⁸²

#Ciclo

El PIB real se contrajo 2,0% en 2024. La caída se explicó por consumo de hogares -1,3%, gasto de gobierno -1,2% y formación bruta de capital fijo -3,8%, mientras las exportación crecieron 1,8% y amortiguaron parcialmente el resultado. El Banco Central vinculó el desempeño con varios factores simultáneos: seguridad, cierre progresivo de pozos del Bloque 43-ITT, incertidumbre electoral de 2025 y el estiaje más severo en sesenta años. Según su estimación, las pérdidas por cortes de energía alcanzaron USD 1.916 millones y tuvieron un impacto de -1,4% sobre el PIB; comercio, manufactura y servicios fueron los sectores más afectados.⁸³

En 2025, el PIB real se recuperó 3,7%, impulsado por exportación, inversión y consumo de hogares. Las exportación crecieron 6,4%, con dinamismo de productos no petroleros como camarón, cacao, banano, enlatados de pescado y productos mineros; la formación bruta de capital fijo subió 5,6% y el consumo de los hogares 2,7%. La recuperación no eliminó los límites estructurales: las exportación petroleras estuvieron parcialmente restringidas por problemas operativos en producción y refinación, mientras el FMI siguió tratando seguridad, energía, precio del petróleo, finanzas públicas y acceso a financiamiento como riesgos de programa.⁸⁴⁸⁵

#Trabajo

Los indicadores laborales y de pobreza muestran una mejora en 2025, pero con persistencia de empleo inadecuado y brechas territoriales. En la ENEMDU anual de 2024, el desempleo nacional fue de 3,7%, el empleo adecuado de 35,9% y el subempleo de 21,0%. En la ENEMDU anual de 2025, el desempleo fue de 3,6%, el empleo adecuado de 37,1% y el subempleo de 19,4%. En la medición de diciembre de 2025, la pobreza por ingresos fue de 21,4%, frente a 28,0% en diciembre de 2024, y la pobreza extrema de 8,3%, frente a 12,7%; la pobreza rural seguía en 37,6%, muy por encima de la urbana de 13,8%.⁸⁶⁸⁷⁸⁸

Human Rights Watch describió el cuadro social con otra escala temporal: para junio de 2025, 24% de la población vivía bajo la línea nacional de pobreza y 10,4% en pobreza extrema, con tasas rurales mucho más altas; también señaló desempleo bajo pero informalidad de 52,6%, problemas de acceso a salud, falta de medicinas y presiones sobre servicios esenciales. La mejora posterior reportada por el INEC en diciembre coexistió con vulnerabilidades sociales no resueltas solo por el crecimiento anual del PIB.⁸⁸⁸⁹

La salud pública se volvió un frente social propio, no solo un indicador dentro de pobreza o empleo. El Ministerio de Salud declaró el 29 de septiembre de 2025 una emergencia para comprar medicamentos e insumos; los documentos de necesidad citados por Primicias registraban 61% de abastecimiento promedio de medicamentos en 168 entidades operativas del ministerio y cuatro hospitales con menos de 30% de abastecimiento, incluido Monte Sinaí de Guayaquil con 18% al corte de septiembre. En el Informe a la Nación de 2026, Noboa presentó como respuesta la adquisición de equipamiento médico, ampliación de vacunación y fortalecimiento de programas sociales y educativos.⁹⁰⁶⁴

#FMI

El 31 de mayo de 2024, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó un acuerdo de Servicio Ampliado de 48 meses para Ecuador por alrededor de USD 4.000 millones, con desembolso inmediato de USD 1.000 millones. El programa buscó estabilizar la economía, preservar la dolarización, fortalecer sostenibilidad fiscal y de deuda, ampliar protección social, mejorar resiliencia financiera y reforzar transparencia y gobernanza. Para el FMI, las medidas tributarias de Noboa formaron parte de un ajuste fiscal que debía proteger gasto esencial en seguridad, red social e inversión pública.⁷⁵

El programa fue ampliado en julio de 2025 en aproximadamente USD 1.000 millones, elevando el acceso total a cerca de USD 5.000 millones y habilitando un desembolso inmediato de unos USD 600 millones. En abril de 2026, la quinta revisión permitió otro desembolso cercano a USD 394 millones y elevó desembolsos acumulados a alrededor de USD 3.700 millones. El FMI destacó recuperación del crecimiento, mejora laboral, acumulación de reservas y retorno de Ecuador a mercados internacionales en enero de 2026 mediante una emisión de bonos de USD 4.000 millones, incluida una operación de recompra de deuda de USD 3.000 millones; al mismo tiempo, señaló un desempeño fiscal inferior al previsto a finales de 2025 y nuevas medidas para volver a la senda de consolidación.⁸⁵⁹¹

La deuda y el déficit varían según fuente y metodología. En la Programación Macroeconómica 2025-2028 del MEF, el indicador de deuda pública y otras obligación consolidadas del sector público no financiero y la seguridad social fue de 50,6% del PIB a diciembre de 2024, con saldo de USD 62.296,3 millones. Los reportes del FMI usan una métrica de deuda del sector público que ubicó la relación deuda/PIB en 53,8% para 2024 y proyectó una trayectoria descendente si se mantenía el programa fiscal. En su reporte de 2026, el FMI evaluó la deuda como sostenible, pero no con alta probabilidad, y vinculó esa sostenibilidad a la continuidad del plan fiscal apoyado por el acuerdo.⁷⁶⁹¹⁹²

#Subsidios

La reducción de subsidios entró de lleno en el segundo período. En septiembre de 2025, el gobierno eliminó el subsidio al diésel automotor y elevó el precio de USD 1,80 a USD 2,80 por galón, mediante decreto, con el argumento de redirigir recursos a compensaciones y programas sociales. La Proforma del Presupuesto General del Estado 2026 proyectó una caída de USD 1.002,6 millones en el subsidio al diésel entre 2025 y 2026, con mecanismos de compensación vinculados al Decreto Ejecutivo 126.⁹³⁹⁴

El costo social y político de esa decisión fue inmediato. En septiembre de 2025 hubo protestas convocadas por la CONAIE y otros movimientos contra los recortes al diésel y la expansión petrolera en territorios indígenas. HRW atribuyó a las autoridades restricciones a la protesta, congelamiento de cuentas de organizaciones y uso excesivo de la fuerza en algunos episodios, con la precisión de que también hubo incidentes violentos de manifestantes. En términos económicos, la eliminación del subsidio redujo una presión fiscal histórica, pero trasladó el debate a precios de transporte, costos productivos rurales, compensaciones focalizadas y confianza social en un contexto de seguridad militarizada.⁸⁹⁹⁴

#Indicadores

Los indicadores proceden de cuentas nacionales del BCE, recaudación administrativa del SRI, deuda bajo metodología del MEF, encuestas de hogares de la ENEMDU y financiamiento multilateral del FMI.^{787983848687889192}

#Energía

La política energética durante el gobierno de Daniel Noboa combinó tres frentes que suelen tratarse por separado: el abastecimiento eléctrico, la renta petrolera y el costo fiscal de los combustibles. La crisis más visible fue la eléctrica de 2024, cuando los racionamientos afectaron hogares, comercio, industria y servicios. En paralelo, el Estado debía ejecutar la consulta popular de 2023 sobre el Bloque 43-ITT, que ordenó mantener el crudo del ITT bajo el subsuelo, y en 2025 reformó el precio del diésel automotriz, una decisión fiscal que detonó protestas nacionales.^9596419397

#Apagones

Los apagones de 2024 no tuvieron una sola causa. CENACE describió dos períodos críticos de sequía en las cuencas hidrográficas, entre febrero y abril y entre agosto y noviembre, junto con aumento de la demanda y una capacidad hidroeléctrica que no pudo acompañar ese crecimiento. La misma rendición de cuentas señaló que el parque térmico disponible tenía limitaciones por infraestructura obsoleta e insuficiente para cubrir estiajes prolongados. En ese escenario, el operador estimó riesgo de déficit energético de hasta 20% para los meses críticos de septiembre a diciembre de 2024; bajo hidrología seca, la probabilidad de déficit subía a 48% en octubre y 66% en noviembre.⁹⁵

La dependencia de la generación hidroeléctrica hizo que la sequía se convirtiera en un problema de seguridad de suministro. El informe técnico del Ministerio de Energía que sustentó la emergencia registró un año hidrológico atípico, con caudales mínimos históricos en la cuenca amazónica, inferiores incluso a los de 2023, cuando ya hubo racionamientos nacionales.⁹⁸ La crisis también expuso retrasos en generación nueva, recuperación parcial de centrales térmicas e hidroeléctricas, problemas de mantenimiento y límites de infraestructura de transmisión. Por eso, aunque el estiaje fue el detonante más importante, la explicación completa incluye baja reserva firme, unidades indisponibles y una matriz poco diversificada para enfrentar años secos.

El impacto económico fue medido por el Banco Central del Ecuador en las cuentas nacionales de 2024. El BCE reportó una contracción anual del PIB de 2,0% y señaló entre los factores más determinantes la situación de seguridad, el cierre progresivo de pozos del Bloque 43-ITT, la incertidumbre electoral y el estiaje más severo de los últimos 60 años. Sus estimaciones atribuyeron a los cortes de energía pérdidas por USD 1.916 millones, equivalentes a un impacto de -1,4% sobre el PIB. Comercio, manufactura y servicios fueron los sectores más afectados, con pérdidas de USD 763,1 millones, USD 380,2 millones y USD 374,1 millones, respectivamente.⁸³

#Respuesta

La primera respuesta estatal combinó medidas administrativas, racionamientos, cambios de autoridades, estado de excepción y contratación de generación emergente. El 19 de abril de 2024, el Ejecutivo emitió el Decreto 229, que declaró estado de excepción por grave conmoción interna y calamidad pública en todo el territorio nacional debido a la emergencia del sector eléctrico; la Corte Constitucional dictaminó favorablemente sobre la causal de grave conmoción interna y sobre la disposición extraordinaria de fondos públicos.⁹⁹ En agosto de 2024, el Ministerio de Energía declaró la emergencia del sector eléctrico nacional para salvaguardar la continuidad del servicio y habilitar acciones urgentes de adquisición, arrendamiento y generación adicional.⁹⁸

El núcleo de la respuesta material fue añadir potencia en el corto plazo. CELEC informó en septiembre de 2024 que el barco de generación flotante Emre Bey aportaría 100 MW al Sistema Nacional Interconectado por 18 meses y que formaba parte de un primer bloque de generación emergente de 341 MW: 100 MW flotantes, 100 MW térmicos en El Salitral, 91 MW en Esmeraldas y 50 MW en Quevedo.¹⁰⁰ En noviembre de 2024 se anunciaron cuatro contratos adicionales por 632,1 MW de generación térmica, por USD 467,28 millones, además de recuperación de 630,2 MW de capacidad fuera de operación y la incorporación progresiva de 204 MW de la central Alluriquín, dentro del complejo Toachi-Pilatón.¹⁰¹

La evaluación posterior de CELEC presentó un balance más amplio: durante 2024 se incorporaron 1.000,7 MW al sistema, de los cuales 696,7 MW correspondieron a recuperación de unidades dañadas o reposición de equipos, 204 MW a la central Alluriquín y 100 MW a generación flotante. La misma rendición incluyó obras de transmisión para Guayaquil, el sur de El Oro, Cotopaxi e Imbabura por USD 147 millones financiados por el BID, mejoras de infraestructura de transmisión y trabajos de protección de la captación de Coca Codo Sinclair frente al avance de la erosión regresiva.¹²

Esa respuesta redujo el riesgo de desabastecimiento, pero dejó dos debates abiertos. El primero fue de planificación: la generación emergente compró tiempo, pero no sustituyó una diversificación estructural de la matriz ni resolvió por sí sola los problemas de hidrología, mantenimiento, transmisión y almacenamiento. El segundo fue de control público: las contrataciones de emergencia, por su monto y rapidez, pasaron a revisión legislativa, de Contraloría y de prensa. La Comisión de Transparencia de la Asamblea revisó en 2025 la contratación de generación durante la emergencia, mientras el viceministro de Electricidad atribuyó la crisis a caudales mínimos de embalses nunca vistos y a un fenómeno regional con mayor impacto en agosto y septiembre de 2024.¹⁰²

El caso Progen concentró ese debate de control. La Comisión de Transparencia revisó la contratación emergente de generación con Progen Industries LLC para superar la crisis de 2024, incluida la contratación delegada por CELEC a Termopichincha y Electroguayas. Primicias registró que Fiscalía allanó oficinas y domicilios el 28 de julio de 2025 dentro del caso Apagón, por una investigación de presunto peculado en contratos firmados entre CELEC y Progen, y que Contraloría había señalado perjuicios superiores a USD 100 millones. La controversia pertenece al control de contratación eléctrica, no a la explicación técnica única de los apagones.¹⁰²¹⁰³

#Impactos

#Yasuní

El Bloque 43-ITT conectó energía, ambiente y finanzas públicas. La Corte Constitucional autorizó la consulta popular y estableció que, si ganaba la opción afirmativa, las medidas debían ejecutarse mediante un retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada con extracción petrolera en un plazo no mayor a un año desde la notificación de resultados oficiales; además, el Estado no podía iniciar nuevas relación contractuales para continuar la explotación del bloque.⁹⁶ El CNE proclamó el resultado definitivo el 31 de agosto de 2023: 58,95% por el Sí y 41,05% por el No.⁴¹

Noboa recibió ese mandato ya aprobado. El 8 de mayo de 2024, mediante Decreto Ejecutivo 257, creó el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní-ITT para coordinar el retiro progresivo y ordenado de la extracción en el Bloque 43.¹⁰⁵ Sin embargo, la ejecución se volvió fiscal y técnicamente conflictiva. El BCE incluyó el cierre progresivo de pozos del Bloque 43-ITT entre los factores que afectaron el desempeño económico de 2024, junto con seguridad, estiaje e incertidumbre electoral.⁸³ Human Rights Watch sostuvo en 2026 que, pese a la consulta y a órdenes judiciales posteriores, la extracción continuó durante 2025, con producción promedio mensual de 1.245.225 barriles y más de 44.000 barriles diarios, y que el gobierno había pospuesto el cierre hasta 2029 alegando impacto económico.¹⁰⁴

El ITT no explica los apagones, porque pertenece al sector petrolero y no a la generación hidroeléctrica que detonó la crisis eléctrica. Su conexión con la sección energética es distinta: redujo o tensionó una fuente de ingresos petroleros en un momento de déficit fiscal, crisis de seguridad y necesidad de inversión en infraestructura. De ese modo, el gobierno enfrentó simultáneamente una obligación ambiental y democrática de dejar crudo bajo tierra, una emergencia eléctrica que exigía gasto urgente y una presión presupuestaria que empujó reformas en subsidios.

#Diésel

La reforma del diésel fue el otro punto de cruce entre energía y finanzas públicas. En 2025, el Decreto Ejecutivo 126 eliminó el subsidio al diésel automotriz y fijó un precio transitorio de USD 2,80 por galón hasta el 11 de diciembre de 2025, frente al precio previo de USD 1,80; después debía operar un mecanismo de ajuste mensual según paridad de importación, con variación máxima de +5% y mínima de -10%.⁹³ El análisis presupuestario del BCE registró además medidas temporales de compensación para transporte de pasajeros y comercial, y estimó que las reformas de subsidios redujeron el subsidio total en USD 244,7 millones en 2025; para la proforma 2026, el subsidio a combustibles se estimó en USD 1.159,6 millones.⁹³

La medida provocó protestas desde septiembre de 2025. Human Rights Watch registró que, desde el 18 de septiembre, la principal organización indígena del país lideró protestas tras la eliminación del subsidio, que elevó el precio del combustible en más de 50%. La organización documentó uso excesivo de la fuerza en varios episodios, congelamiento de cuentas de grupos y líderes ambientales e indígenas, y un estado de excepción decretado el 16 de septiembre en siete provincias por grave conmoción interna relacionada con bloqueos de vías.⁹⁷ Associated Press reportó que la CONAIE puso fin a las protestas el 22 de octubre de 2025, luego de la amenaza gubernamental de usar militares para despejar carreteras; también señaló que el diésel es usado por tractores, transporte de carga y buses de población de bajos ingresos.¹⁰⁶

La relación entre ITT y subsidios no fue programática sino fiscal, ambiental y política. El ITT obligaba al Estado a retirar producción petrolera de un bloque significativo por mandato popular y constitucional. La eliminación del subsidio buscaba reducir un gasto público asociado al consumo de combustibles fósiles, pero trasladaba costos a transporte, agricultura y hogares, por lo que activó memorias de los paros de 2019 y 2022. En ambos casos, la energía funciónó como un campo de disputa sobre quién asume los costos de la transición: el Estado, los usuarios, los territorios indígenas, las empresas públicas o el presupuesto nacional.

#Instituciones

La relación de Daniel Noboa con las instituciones durante el tránsito entre el primer período y la reelección de 2025 tuvo tres planos distintos. El primero fue judicial-constitucional: la Corte Constitucional revisó decretos presidenciales sobre el encargo temporal de la Presidencia. El segundo fue electoral: la OEA y la Unión Europea observaron la campaña de un presidente en función que buscaba continuar en el cargo. El tercero fue político: el conflicto entre Noboa y Verónica Abad alteró la operación de la Vicepresidencia y abrió espacio para designaciones temporales de Sariha Moya y Cynthia Gellibert.¹⁰⁷⁴⁸¹

#Decisión judicial

La Corte Constitucional resolvió la acción pública de inconstitucionalidad 1-25-IN/25 sobre los Decretos Ejecutivos 500, de 7 de enero de 2025, y 505, de 16 de enero de 2025. Ambos decretos encargaban la Presidencia a Cynthia Natalie Gellibert Mora durante lapsos específicos de campaña, bajo la fórmula de ausencia temporal de Noboa y con referencia al artículo 150 de la Constitución. La Corte declaró inconstitucionales los decretos completos porque el artículo 146 de la Constitución no permite entregar la función presidencial mediante decreto ejecutivo: ante ausencia temporal, el reemplazo opera de forma constitucional por quien ejerza la Vicepresidencia, no por una decisión discrecional del presidente.¹⁰⁷¹⁰⁸

La sentencia precisó también el alcance de lo que no decidió. La Corte no calificó si existía o no una infracción electoral por la actividad de campaña del presidente candidato, porque esa materia corresponde al Tribunal Contencioso Electoral. Tampoco convirtió la fuerza mayor en una categoría disponible por simple declaración presidencial: indicó que la causal depende de hechos que imposibiliten temporalmente el ejercicio del cargo y que su control puede ser jurídico o político según el caso. La decisión, por tanto, separó el problema constitucional de sucesión y reemplazo presidencial del problema electoral sobre licencia, campaña y uso de función públicas.¹⁰⁷

#Observación electoral

La observación internacional no anuló los resultados de 2025 ni sustituyó a las autoridades electorales ecuatorianas, pero sí delimitó los problemas institucionales del proceso. La Unión Europea señaló en su informe final que, pese a desequilibrios, las elecciones fueron transparentes y bien organizadas, y que no encontró elementos objetivos para avalar acusaciones de fraude. En el mismo informe formuló recomendaciones prioritarias: revisar selección y renovación del CNE y del TCE, limitar en campaña las actividades de la Presidencia y del gobierno a gestión ordinaria o emergencias, y reforzar la supervisión de la publicidad gubernamental para impedir el uso electoral de comunicación institucional.¹⁰⁹

La OEA fue más explícita en la conexión entre licencia, Vicepresidencia y campaña. En su informe preliminar de la segunda vuelta del 15 de abril de 2025, registró que Noboa no solicitó licencia, sino que tomó varias ausencias temporales para diferenciar actos presidenciales de actividades proselitistas. La misión concluyó que la falta de licencia impactó en la equidad de la campaña y debilitó la institucionalidad del Estado, en parte por las designaciones de la Vicepresidencia y los encargos de la Presidencia basados en ausencias temporales. También observó que la segunda vuelta transcurrió sin un pronunciamiento definitivo y oportuno sobre la licencia por parte de las autoridades competentes, lo que consideró incompatible con los principios de certeza y seguridad jurídica.⁴⁸

La OEA además registró indicios y denuncias sobre el uso de recursos públicos y del aparato estatal con fines proselitistas. Entre los elementos mencionados estuvieron beneficios estatales anunciados durante el período electoral, cadenas nacionales y operativos de seguridad con visibilidad mediática. La misión no trató esos hechos como una sentencia, sino como señales de inequidad que exigían investigación oportuna por parte de CNE, TCE, Contraloría y otras entidades competentes. Esa distinción es central: la observación electoral describió riesgos y recomendaciones, no reemplazó el juzgamiento de infracciones.⁴⁸

#Conflicto político

El conflicto con Verónica Abad empezó desde el inicio del gobierno y se proyectó sobre la campaña de 2025. Abad fue electa vicepresidenta junto a Noboa en 2023, pero el Ejecutivo le asignó función fuera del país, primero vinculadas a Israel y luego a Turquía. La OEA registró que esas decisiones fueron interpretadas por ella como intentos de alejarla de la política interna, y que el Ministerio de Trabajo inició un sumario por presunto abandono del cargo que terminó en una suspensión administrativa de 150 días. Ese episodio fue diferente de la sentencia electoral posterior: la suspensión administrativa pertenecía al plano laboral-administrativo; la sanción del TCE pertenecía al plano jurisdiccional electoral.⁴⁸¹¹⁰

El TCE resolvió en la causa 227-2024-TCE una denuncia de la canciller Gabriela Sommerfeld contra Abad por violencia política de género. El 27 de febrero de 2025, el juez de instancia aceptó la denuncia y declaró la responsabilidad de Abad por una infracción electoral muy grave. El 24 de marzo de 2025, el Pleno del TCE negó la apelación y confirmó la sentencia de instancia. La decisión mantuvo una multa de treinta salarios básicos unificados, la suspensión de derechos de participación por dos años y medidas de reparación. La sentencia tuvo votos salvados, lo que muestra que el resultado fue jurisdiccionalmente controvertido dentro del propio tribunal, pero quedó ejecutoriado el 28 de marzo de 2025 según actuaciones posteriores del TCE.¹¹⁰¹¹¹

Gellibert apareció en ese conflicto como funcionaria designada para cubrir vacíos generados por la disputa institucional. Antes de la sentencia del TCE, los decretos 500 y 505 la colocaron como encargada de la Presidencia durante períodos de campaña, aunque esa vía fue invalidada por la Corte Constitucional. Después de que la sanción electoral contra Abad quedó firme, el Ejecutivo volvió a ubicar a Gellibert en la Vicepresidencia encargada mediante el Decreto Ejecutivo 588, esta vez bajo el argumento de imposibilidad temporal de Abad para ejercer derechos de participación. La fórmula mantuvo abierto el debate sobre si una sanción electoral podía traducirse en reemplazo funcional de una vicepresidenta electa, aunque la decisión específica del TCE se centró en la infracción electoral y no en diseñar la arquitectura del Ejecutivo.^107110111112

#Asamblea y consulta

La Asamblea Nacional fue parte del conflicto por la licencia. En la segunda vuelta presidencial de 2025, según registró la OEA, la Asamblea sostuvo que el presidente debía solicitar licencia ante el Legislativo y que el CNE no tenía competencia para concederla o negarla. Esa posición contrastó con la estrategia del Ejecutivo de notificar ausencias temporales y actos proselitistas. La discusión no impidió la proclamación de resultados, pero dejó una regla práctica para procesos posteriores: cuando el presidente buscó promover la consulta popular y referéndum de noviembre de 2025, el Pleno de la Asamblea sí autorizó una licencia temporal para exponer a la ciudadanía las motivaciones de la consulta y evitar incurrir en infracción electoral durante la campaña.⁴⁸¹¹³

La consulta constituyente también pasó por control institucional. La Corte Constitucional recibió la propuesta contenida en el Decreto Ejecutivo 153 y, en el Dictamen 11-25-RC/25, determinó que la vía planteada correspondía a una asamblea constituyente; además recordó que una eventual Asamblea Constituyente tendría potestad exclusiva para aprobar un proyecto de nueva Constitución, que luego debía someterse a referéndum. Con ese antecedente, el CNE convocó la Consulta Popular 2025 para el 16 de noviembre de 2025 e incluyó la pregunta sobre instalación de una Asamblea Constituyente junto con preguntas de referéndum nacional.¹¹⁴⁵¹

El resultado electoral fue adverso para esa agenda. El 1 de diciembre de 2025, el CNE proclamó los resultados definitivos del referéndum y consulta popular, después de certificar que no quedaban recursos pendientes en el CNE ni en el TCE. El No ganó en los cuatro casilleros nacionales: en la pregunta D, correspondiente a la Asamblea Constituyente, obtuvo 61,8% frente a 38,2% del Sí. Ese desenlace no afectó la reelección presidencial de abril de 2025, pero sí fijó un límite institucional y electoral a la propuesta de rediseño constitucional impulsada por Noboa.⁸

#Exterior

La política exterior de Daniel Noboa quedó marcada por dos líneas simultáneas: una agenda de seguridad que buscó apoyo internacional contra el crimen organizado transnacional y una crisis diplomática con México que llevó a Ecuador y México ante la Corte Internacional de Justicia. En el primer plano, el gobierno presentó la cooperación con Estados Unidos, la designación de bandas criminales y la discusión sobre bases extranjeras como herramientas para enfrentar una violencia que ya había sido declarada conflicto armado interno en el plano interno. En el segundo, el ingreso policial a la Embajada de México en Quito el 5 de abril de 2024 convirtió una controversia sobre asilo, justicia penal y declaración presidenciales en un litigio internacional de alto costo diplomático.^115116117

#México

El caso México-Ecuador se originó antes del operativo policial. Según los documentos de la Corte Internacional de Justicia, Jorge Glas llegó a la Embajada de México en Quito el 17 de diciembre de 2023 y permaneció allí mientras solicitaba protección y luego asilo. México sostuvo que Glas buscaba protección por temores sobre su seguridad; Ecuador afirmó que se trataba de una persona con condenas ejecutoriadas por asociación ilícita y cohecho, restricciones judiciales y una investigación o proceso pendiente por peculado, por lo que no podía ser considerado perseguido político ni beneficiario legítimo de asilo diplomático.¹¹⁵¹¹⁷

La posición ecuatoriana vinculó el asunto a soberanía, cumplimiento de sentencias y seguridad pública. El comunicado de Cancillería del 6 de abril de 2024 sostuvo que el gobierno había agotado canales diplomáticos, había remitido información judicial a México, había pedido autorización para que la Policía Nacional ejecutara una orden de captura y consideraba que existía un riesgo real de fuga. Esa lectura no eliminó el problema central de derecho diplomático: el uso de fuerza dentro de una misión extranjera. Para México, la entrada de agentes ecuatorianos en la embajada, la detención de Glas y los hechos denunciados contra personal diplomático violaron la inviolabilidad de los locales de misión y el deber de solución pacífica de controversias.¹¹⁵¹¹⁷

El episodio abrió dos casos ante la Corte Internacional de Justicia. El primero es Embassy of Mexico in Quito (Mexico v. Ecuador), iniciado por México el 11 de abril de 2024. Allí México planteó que Ecuador había violado normas sobre relación diplomáticas, inviolabilidad de la misión y arreglo pacífico de controversias. En la fase de medidas provisionales, la Corte emitió una orden el 23 de mayo de 2024: tomó nota de garantías dadas por Ecuador y no ordenó todas las medidas solicitadas por México, pero sí dispuso que Ecuador garantizara protección y seguridad de los locales, bienes y archivos de México, permitiera el retiro de bienes y archivos, y se abstuviera de agravar o ampliar la controversia.¹¹⁵¹¹⁸

El segundo caso es Glas Espinel (Ecuador v. Mexico), presentado por Ecuador el 29 de abril de 2024. En esa demanda, Ecuador acusó a México de usar su misión diplomática para impedir la ejecución de la justicia penal ecuatoriana, otorgar indebidamente asilo a una persona condenada o procesada por delitos comunes, interferir en asuntos internos y incumplir obligación de cooperación anticorrupción. Así, la disputa ante la CIJ no quedó reducida a la entrada policial en la embajada: también incluye la legalidad del asilo concedido a Glas, el alcance de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, la Convención de Montevideo sobre Asilo Político, la Convención de Viena sobre relación Diplomáticas y obligación anticorrupción invocadas por Ecuador.¹¹⁶¹¹⁹

#Cronología

#OEA y CIDH

La reacción regional fue adversa al ingreso policial. La CIDH registró que el Consejo Permanente de la OEA aprobó el 10 de abril de 2024 la Resolución CP/RES. 1253 (2494/24), que condenó la intrusión de la policía ecuatoriana en la Embajada de México por violar la Convención de Viena sobre relación Diplomáticas, subrayó la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y llamó a cumplir tanto la Convención de Viena como la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. La CIDH, además, pidió a Ecuador medidas para proteger los derechos a la vida e integridad de Glas, beneficiario de medidas cautelares desde 2019.¹²⁰

Ese pronunciamiento mostró la doble naturaleza del episodio. Para los organismos interamericanos, el problema no era solo bilateral: afectaba reglas regionales sobre diplomacia, asilo y derechos humanos. Para el gobierno de Noboa, en cambio, el centro del argumento era que México había protegido a una persona requerida por la justicia ordinaria y había afectado la administración de justicia ecuatoriana. La sección consular también quedó impactada: tras la ruptura, Ecuador organizó atención remota para ciudadanos en México, solicitó representación consular a Perú y suscribió con Suiza la representación de sus intereses diplomáticos y consulares en México.¹²⁰¹²¹

#Estados Unidos

La relación con Estados Unidos se fortaleció alrededor de seguridad, narcotráfico, minería ilegal y comercio. El 27 de noviembre de 2024, Cancillería informó que Ecuador recibió 7,6 millones de dólares de Estados Unidos para combatir crimen organizado, narcotráfico y minería ilegal. El monto no equivalía a una base militar ni a una intervención directa, sino a cooperación financiera y técnica dentro de una agenda bilateral de seguridad.¹²²

En 2025, la convergencia securitaria se hizo más visible con la designación estadounidense de Los Choneros y Los Lobos. El Registro Federal de Estados Unidos publicó el 5 de septiembre de 2025 la designación de ambas organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras y como terroristas globales especialmente designados, en decisiones firmadas por el secretario de Estado Marco Rubio el 6 de agosto de 2025. Para Ecuador, esas designaciones encajaban con la narrativa gubernamental de crimen organizado transnacional; para Estados Unidos, abrían herramientas de sanciones, persecución financiera, restricciones migratorias y cooperación antiterrorista contra estructuras criminales ecuatorianas.¹²³

La agenda bilateral no se limitó a seguridad. El 13 de noviembre de 2025, la Casa Blanca anunció un marco para un Acuerdo de Comercio Recíproco entre Estados Unidos y Ecuador. El comunicado vinculó acceso a mercados, reducción de barreras, facilitación comercial, propiedad intelectual, trabajo, ambiente, comercio digital y cooperación en seguridad económica y nacional. En la práctica, la diplomacia económica de Noboa buscó presentar a Estados Unidos como socio prioritario para exportación, inversión, cadenas de suministro y seguridad, aunque el acuerdo todavía requería finalización, firma y procedimientos internos para entrar en vigor.¹²⁴

#Bases

El debate sobre bases militares extranjeras fue la traducción constitucional de esa política exterior securitaria. La Constitución de 2008 prohíbe establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y ceder bases nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Noboa impulsó una reforma parcial para eliminar esa prohibición. La Corte Constitucional emitió el dictamen 5-24-RC/25 y declaró viable la pregunta, después de haber calificado como adecuada la vía de reforma parcial para modificar el artículo 5 de la Constitución.¹²⁵

La pregunta sometida a referéndum consultaba si la ciudadanía estaba de acuerdo con eliminar la prohibición de bases o instalaciones extranjeras con propósitos militares y la cesión de bases nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. La Misión de Observación Electoral de la OEA registró que esa fue la pregunta A del referéndum de 2025 y que la Corte había revisado claridad, neutralidad y consistencia de la pregunta. El CNE proclamó los resultados definitivos el 1 de diciembre de 2025: en el casillero A, el Sí obtuvo 39,18% y el No 60,82%. La propuesta quedó rechazada.¹²⁶⁸

El resultado fijó un límite electoral a la cooperación militar en territorio ecuatoriano. No impidió acuerdos de capacitación, financiamiento, inteligencia, sanciones o cooperación policial y antinarcóticos, pero mantuvo la prohibición constitucional de bases extranjeras. Por eso, el referéndum es clave para entender la política exterior de Noboa: el gobierno pudo profundizar su alineamiento con Estados Unidos y su lenguaje regional de seguridad, pero no obtuvo autorización popular para modificar una cláusula constitucional asociada a soberanía territorial y memoria de la antigua presencia estadounidense en Manta.^1251268

#Comercio

La dimensión comercial combinó continuidad y giro. El acuerdo comercial con China, firmado en 2023 antes de Noboa, entró en vigor el 1 de mayo de 2024 durante su primer período. El Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la OEA registró esa entrada en vigor y remitió a fuentes del Ministerio de Producción ecuatoriano y del Ministerio de Comercio chino. Esa continuidad mantuvo a China como un eje económico relevante, incluso mientras el discurso político y securitario del gobierno se acercaba más a Washington.¹²⁷

Con Estados Unidos, la apuesta fue distinta: pasar de acuerdos de facilitación y cooperación a un marco comercial recíproco. El comunicado de la Casa Blanca de noviembre de 2025 no describía un tratado plenamente vigente, sino un marco con compromisos por cerrar y procedimientos internos pendientes. La política exterior de Noboa, por tanto, no fue una simple sustitución de socios comerciales: combinó el aprovechamiento del tratado con China, la búsqueda de preferencias y reglas con Estados Unidos, y una agenda regional atravesada por seguridad, migración, crimen organizado y ruptura con México.¹²⁴¹²⁷

En integración regional, Ecuador asumió el 30 de septiembre de 2025 la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina para el período 2025-2026, durante la LVII Reunión del Consejo Andino de Ministros de relación Exteriores ampliado en Bogotá. La agenda presentada por Cancillería y por la Secretaría General de la CAN priorizó seguridad subregional, integración aérea y energética, seguridad alimentaria, inteligencia artificial, gestión de riesgos, desarrollo social y sostenible, comercio intrarregional, integración física y digital, construcción de capacidades y fortalecimiento institucional.¹²⁸

#Debates

Los debates públicos sobre Daniel Noboa se han organizado alrededor de una tensión recurrente: su llegada a la Presidencia fue leída por algunos observadores como renovación generacional y respuesta electoral a la inseguridad, mientras que otros análisis la han interpretado como reconfiguración del poder empresarial, concentración ejecutiva o profundización de una política de seguridad de alto costo institucional. Noboa seguía en función y varias dimensiones de su segundo mandato permanecían abiertas; las interpretaciones disponibles proceden de fuentes académicas, periodísticas, institucionales y de derechos humanos con atribución diferenciada.

#Representación

El primer encuadre se refiere a la novedad política. La candidatura de 2023 fue una sorpresa electoral: Noboa había aparecido con baja intención de voto antes de la primera vuelta, llegó al balotaje y se presentó como una opción joven, moderada y moderna capaz de moverse entre el correísmo y el anticorreísmo. Esa novedad convivía con una genealogía económica y política muy reconocible: hijo de Álvaro Noboa, nieto de Luis Noboa Naranjo y miembro de una familia con peso empresarial en Guayaquil y en la agroexportación.¹³

Austin y Voss, en un artículo académico sobre la crisis múltiple de Ecuador, formularon un contraste similar. Señalaron que Noboa tenía poca experiencia política antes de su candidatura presidencial, salvo su paso breve por la Asamblea, y que en campaña buscó presentarse como una fuerza nueva, moderada y moderna. Al mismo tiempo, lo ubicaron como hijo de uno de los empresarios más ricos del país y heredero de un intento familiar previo de llegar a Carondelet por la vía electoral.¹²⁹

AS/COA resumió ese doble registro al indicar que Noboa proyectaba su identidad política como contrapunto al "viejo Ecuador", pero también lo presentó como hijo de uno de los hombres más ricos del país y de una exasambleísta. En esa lectura, el desacuerdo no gira solo en torno a su edad o a su estilo de campaña, sino a si el recambio que encarna supone una ruptura con las élites tradicionales o una forma nueva de articularlas dentro de la competencia electoral.¹³⁰

Desde una lectura crítica de izquierda, Mario Unda caracterizó el gobierno de Noboa como "bonapartismo oligárquico" y vinculó su capacidad de mando con el temor social producido por la violencia, la construcción de un bloque de seguridad y la relación del presidente con la clase económica de la que proviene. Esa interpretación corresponde a una lectura ideológica severa sobre el vínculo entre seguridad, élites y poder ejecutivo, no a un consenso académico ni institucional.¹³¹

#Seguridad

El segundo campo de debate es la mano dura. AS/COA, en una entrevista con la investigadora Vanda Felbab-Brown, explicó que Noboa enfrentaba una combinación de actores criminales fortalecidos, Estado debilitado y menor resiliencia social tras la pandemia. Felbab-Brown sostuvo que el presidente adoptó políticas punitivas asociadas a la mano dura, con participación militar en tareas policiales, aumento de penas y control carcelario, y advirtió que el apoyo a esas medidas podía erosionarse si no producían mejoras visibles en seguridad.¹³²

CSIS propuso una lectura más orientada a política pública. Tras la reelección de 2025, sostuvo que el nuevo contexto legislativo podía facilitar una agenda centrada en seguridad y que el desafío era coordinar al Estado para enfrentar crimen, narcotráfico e inseguridad como obstáculos al desarrollo. El mismo análisis advertía que la respuesta no debía limitarse a capturas, decomisos o cooperación militar, sino abordar causas de inseguridad y subdesarrollo mediante una estrategia coordinada y responsable.¹³³

Carnegie Endowment planteó el dilema en términos de seguridad y democracia. Oliver Stuenkel escribió que la crisis de violencia permitió a Noboa presentarse como candidato de orden y aplicar medidas duras, aun cuando organizaciones de derechos humanos cuestionaban abusos y eficacia. Para ese análisis, el problema central era si Ecuador podía reducir el crimen organizado sin recurrir a represión militar ni erosionar debido proceso, independencia judicial y controles democráticos.¹³⁴

Mayorga y Thaler, en Journal of Democracy, fueron más críticos sobre los resultados institucionales de la estrategia. Su ensayo describió la respuesta de Noboa como una política militarizada de mano dura, con conflicto armado interno, estados de excepción frecuentes y expansión del papel militar. Según ese argumento, las medidas no habían reducido la violencia de forma sostenida y habían debilitado independencia judicial, protesta y garantías de derechos humanos.¹³⁵

#Derechos

Human Rights Watch, en su capítulo sobre Ecuador del World Report 2026, atribuyó al gobierno de Noboa una respuesta de seguridad que no había logrado contener la violencia y que había generado más reportes de violaciones de derechos humanos. La organización sostuvo que la invocación reiterada del conflicto armado interno fue usada para justificar la flexibilización de protecciones, y mencionó denuncias de ejecución extrajudiciales, desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios y malos tratos por fuerzas de seguridad.⁸⁹

Ese encuadre se amplió al campo de la protesta social. En 2025, la CONAIE y otros movimientos indígenas y sociales realizaron protestas por el recorte de subsidios al diésel y la expansión petrolera en territorios indígenas; HRW afirmó que las autoridades restringieron la libertad de reunión, usaron fuerza excesiva en algunos momentos, congelaron cuentas de organizaciones ambientales e indígenas y suspendieron medios comunitarios, aunque señaló que manifestantes participaron en algunos incidentes violentos.⁸⁹

Pablo Ospina Peralta, en Nueva Sociedad, interpretó las protestas de 2025 como un punto de fricción entre la política de seguridad, el ajuste de combustibles y la relación del Ejecutivo con la Corte Constitucional. Su lectura sostuvo que la mano dura funcionaba como ancla de popularidad y como lenguaje de gobierno, pero que el paro nacional, la represión denunciada y la derrota de la consulta posterior evidenciaban límites políticos a esa estrategia. Esa posición corresponde a un análisis político crítico, no a una determinación judicial ni a una medición oficial de resultados.¹³⁶

#Democracia

Las misiones electorales separaron dos planos. La Unión Europea afirmó que las elecciones generales de 2025 fueron transparentes y bien organizadas, y que no encontró elementos objetivos para sostener acusaciones de fraude. A la vez, identificó desequilibrios que requerían corrección: recomendó limitar durante campaña las actividades de la Presidencia y del gobierno a gestión ordinaria o emergencias, mejorar la supervisión de publicidad gubernamental y evitar el uso electoral de comunicación institucional.⁷

La OEA también reconoció la validez de los resultados y la participación ciudadana, pero describió la segunda vuelta de 2025 como un proceso marcado por inequidad de campaña, indicios de uso indebido de recursos públicos, incertidumbre jurídica sobre la licencia del presidente candidato y polarización. La misión sostuvo que la decisión de no solicitar licencia afectó la equidad y debilitó la institucionalidad estatal; además, observó campañas de desinformación, narrativas de fraude y uso de inteligencia artificial en contenidos virales de campaña.⁴⁸

Los desacuerdos sobre comunicación política se ubicaron, por tanto, entre eficacia electoral, uso gubernamental de la agenda pública y límites de la comunicación estatal. Para la UE, el problema institucional era cómo impedir que la Presidencia, la publicidad oficial y los medios públicos generen ventajas indebidas en campaña. Para la OEA, el entorno comunicacional combinó ataques personales, desinformación, deepfakes, narrativas de fraude y decisiones estatales adoptadas cerca de la votación, como el estado de excepción emitido el 12 de abril de 2025, un día antes de la segunda vuelta.⁷⁴⁸

#Mandato

El debate sobre límites del mandato no se reduce a la duración formal de la Presidencia. La Corte Constitucional declaró inconstitucionales los Decretos Ejecutivos 500 y 505, relacionados con encargos de la Presidencia durante la campaña, por contrariar el artículo 146 de la Constitución; en su razonamiento, sostuvo que el reemplazo presidencial debe seguir las reglas constitucionales aplicables ante ausencia temporal.⁶³

En septiembre de 2025, la Corte también declaró inconstitucionales la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Integridad Pública por problemas de unidad de materia, publicidad y deliberación democrática; en la misma comunicación, recordó que ninguna ley puede aprobarse mediante atajos que limiten el debate público o sin justificación económica real. Esas decisiones convirtieron el control constitucional en uno de los centros del debate sobre el alcance del presidencialismo de Noboa.⁶⁰

El límite electoral más visible apareció en el referéndum y consulta popular de 2025. El CNE proclamó resultados definitivos el 1 de diciembre de 2025: las cuatro preguntas fueron rechazadas, con 60,82% por el No en bases militares extranjeras, 58,30% en financiamiento estatal de organizaciones políticas, 53,71% en reducción de asambleístas y 61,80% en convocatoria a Asamblea Constituyente.⁸ Journal of Democracy interpretó ese resultado como una exposición de los límites del mandato de Noboa para rediseñar instituciones y admitir bases extranjeras, mientras que HRW lo vinculó con el rechazo ciudadano a propuestas que incluían presencia militar extranjera y una nueva Constitución.¹³⁵⁸⁹

La relación entre tres procesos seguía abierta: la capacidad de reducir violencia sin normalizar la excepción, la posibilidad de sostener legitimidad electoral sin convertir la comunicación estatal en ventaja de campaña, y la resistencia o adaptación de los controles constitucionales, electorales y sociales frente a un Ejecutivo reelecto con agenda de seguridad. En ese marco, los desacuerdos principales se mantienen entre quienes ven en Noboa una respuesta pragmática a una crisis extraordinaria y quienes leen su gobierno como riesgo para derechos, deliberación democrática y separación de poderes.

#Referencias

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2. Consejo Nacional Electoral, CNE adjudicó dignidades de Binomio Presidencial, Asambleístas Nacionales y por el Exterior, 5 de noviembre de 2023. cne.gob.ec
3. Asamblea Nacional del Ecuador, "Daniel Noboa asumió el mando de la República en la Asamblea. Gobernará hasta mayo de 2029", 24 de mayo de 2025, asambleanacional.gob.ec; cne.gob.ec
4. Asamblea Nacional del Ecuador, "Perfil"/"PERFIL", blog de Daniel Noboa Azin, 18 de mayo de 2022, consultado el 20 de mayo de 2026, asambleanacional.gob.ec
5. Registro Oficial del Ecuador, Suplemento al Registro Oficial No. 312, Decreto No. 741, disolución de la Asamblea Nacional, 17 de mayo de 2023. registroficial.gob.ec
6. Presidencia de la República del Ecuador, Decreto Ejecutivo No. 111, reconocimiento de conflicto armado interno y orden de operaciones militares bajo DIH, 9 de enero de 2024, comunicacion.gob.ec
7. Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, The European Union Election Observation Mission presents its final report with 15 recommendations to support the strengthening of the Ecuadorian electoral system, 30 de junio de 2025. eeas.europa.eu
8. Consejo Nacional Electoral, CNE proclamó resultados definitivos del Referéndum y Consulta Popular 2025, 1 de diciembre de 2025. cne.gob.ec
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10. Consejo Nacional Electoral, Resolución de segunda vuelta de Elecciones Generales 2025 con resultados definitivos de primera vuelta y asignación de promoción electoral, 22 de marzo de 2025. cne.gob.ec
11. Presidencia de la República del Ecuador, Decreto Ejecutivo No. 110, estado de excepción por grave conmoción interna, 8 de enero de 2024, notificado a la OEA, oas.org
12. Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, En el año 2024, CELEC EP incorporó 1000 MW al Sistema Nacional Interconectado, 11 de julio de 2025, rendición de cuentas sobre 1.000,7 MW, transmisión y protección de Coca Codo Sinclair, celec.gob.ec
13. Roberto Ortiz de Zárate Arce, CIDOB, "Daniel Noboa Azín", biografía de líderes políticos, publicada el 10 de octubre de 2023 y actualizada con notas electorales de 2025, consultada el 20 de mayo de 2026, cidob.org
14. Fernando Gimeno, EFE, "¿Quién es Daniel Noboa, el presidente que logró la reelección ante el correísmo en Ecuador?", 24 de mayo de 2025, efe.com
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16. Associated Press, "Ecuador's youngest elected president faces a practically impossible task", 16 de octubre de 2023, apnews.com
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47. Organización de los Estados Americanos, Informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Ecuador, elecciones generales, 11 de febrero de 2025. oas.org
48. Organización de los Estados Americanos, Informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Ecuador para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, 15 de abril de 2025. oas.org
49. Consejo Nacional Electoral, CNE proclama resultados definitivos del Referéndum y Consulta Popular 2024, 8 de mayo de 2024. cne.gob.ec
50. Consejo Nacional Electoral, Boletín de resultados del Referéndum y Consulta Popular 2024, mayo de 2024. cne.gob.ec
51. Consejo Nacional Electoral, CNE convoca a Consulta Popular tras dictamen de la Corte Constitucional, 25 de septiembre de 2025, cne.gob.ec; cne.gob.ec
52. Presidencia de la República del Ecuador, “Posesión del presidente Daniel Noboa ante la Asamblea Nacional”, discurso oficial, 23 de noviembre de 2023, presidencia.gob.ec
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57. Asamblea Nacional del Ecuador, “Desarrollo Económico realizó el estudio del informe para primer debate de la ley urgente para enfrentar el conflicto armado interno”, 21 de enero de 2024, asambleanacional.gob.ec ; Registro Oficial del Ecuador, Suplemento al Registro Oficial No. 516, 12 de marzo de 2024, Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, registroficial.gob.ec
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